El caso Richard Mardo

Las violaciones de la ley cometidas por Richard Mardo ha puesto nuevamente el tema del financiamiento de las actividades políticas en el centro del debate público nacional.

En primer lugar, debemos recordar que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Mardo se fundamentó estrictamente en la ley. El artículo 200 de la CRBV es el único que se refiere al allanamiento de la inmunidad. En él solo se establece el procedimiento, pero no fija la mayoría requerida para proceder. Otro artículo relevante es el 186 de la CRBV, donde se plantea la separación del cargo, que debe ser aprobada por una mayoría de 2/3 partes. Como se observa, se trata de dos procedimientos diferentes: allanamiento y separación. Por otra parte, el Reglamento de Interior y de Debate de la AN plantea en su art. 25, que toda decisión de la AN se adopta por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes, salvo casos establecidos en la CRBV, donde se establezcan mayorías calificadas. Esto resuelve la interrogante dejada por el art. 200 de la CRBV, que no establece que tipo de mayoría se exige para el allanamiento. Finalmente, el art 89 del mismo Reglamento expresa, que para allanarle la inmunidad a un parlamentario, hay que crear una comisión, que presentará un informe en los próximos 30 días, pero también establece que la AN tiene la facultad de proceder de inmediato, si así lo considera. Esto fue precisamente lo que se hizo

De tal manera que el allanamiento está blindado legalmente y responde a la necesidad institucional de darle respuesta a una sentencia dictada por el TSJ, donde determina que existen méritos para procesar a Mardo, a la luz de las contundentes pruebas (cheques, transferencias en las cuentas…), que lo asocian a delitos como la defraudación tributaria, legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito, violatorias de la Ley Orgánica Tributaria, Ley Anticorrupción, entre otras.

En esta discusión se ponen en evidencia los gigantescos contrastes existentes entre las fuerzas revolucionarias que combaten la corrupción, donde ésta se encuentre, sin ceder a lo chantajes, y las fuerzas de la derecha, que se solidarizan automáticamente con los corruptos, que quieren desvirtuar la figura de la inmunidad, pretendiendo convertirla en patente de curso para los perores delitos, ámbito en el cual son reincidentes, que avalan la corrupción de una manera descarada, ratificando su esencia y origen con raíces profundamente ancladas en escándalos de corrupción.

En el caso de Mardo, las violaciones evidencian la arrogancia típica de la burguesía y sus representantes. Además de violentar la norma de la manera más descarada, esperando la impunidad del pasado, atacan a los poderes públicos que operan en función del cumplimiento de las leyes.

Asimismo, es necesario desmontar la mentira tejida en torno a una supuesta violación del Estado de derecho. El pretendido golpe al parlamento no solo nunca ocurrió, sino que esta casta política no tiene autoridad moral para reclamar esto, pues en el pasado, además de disolver los poderes públicos (golpe de Estado del 2002), incluyendo el poder legislativo y la figura de la inmunidad; apresaron a parlamentarios comunistas y de izquierda sin allanar inmunidad durante el golpe al Congreso perpetrado por Betancourt en el año 1963.

El capitalismo y el financiamiento de la política

Los partidos políticos son formas de organización de las clases sociales, expresan sus intereses. La asociación ideológica y financiera es muy evidente. En el caso de los partidos burgueses, los empresarios financian profusamente a sus organizaciones partidistas, así como también lo hacen los Estados burgueses, contribuyendo a ese apalancamiento financiero, lo cual ocurre por múltiples vías.

De allí se desprenden estrechísimas relaciones de dependencia, que transforman a los partidos a instrumentos dóciles a los negocios corporativos. Sus posiciones desde los gobiernos como desde la oposición, responden en esencia a los intereses de la élite, lo cual convierte a las promesas electorales a frases demagógicas y mentiras

Éticamente se presenta un severo cuestionamiento. La enorme riqueza económica se transforma en un mecanismo de control político, torciendo al sistema democrático en una plutocracia, que hace valer exclusivamente el poder basado en la riqueza. Se entierra la esencia de la democracia, que radica en la participación popular sobre la base de la igualdad.

En este tema vital se ponen en evidencia las enormes diferencias éticas entre las fuerzas de la burguesía y las de la revolución.

La derecha acaricia la idea de la Constituyente

La derecha continúa la estrategia de mimetizarse y asumir posiciones históricas de la revolución. Un nuevo capítulo se abre con el anuncio del excandidato de la derecha, quien comunicó que estudia la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Es evidente la demagogia de la burguesía al manipular banderas de la transformación social. Ellos siempre combatieron la propuesta de la Constituyente, han negado sistemáticamente la participación del pueblo como eje central del proceso constituyente -de hecho, son acérrimos enemigos de la democracia participativa, contraponiéndole la caduca democracia representativa-. Por si fuera poco, esto revela la tremenda improvisación de los dirigentes de la derecha al asomar una propuesta de esa naturaleza sin acompañarla por la más elemental idea que le sirva de basamento. Aunque, x supuesto, sabemos que en el escenario de una constituyente en su favor modelaría una sociedad basada en los principios del neoliberalismo, la entrega de la soberanía, la aniquilación de las conquistas sociales y el despliegue de un Estado represivo, ente otros rasgos. Existe una enorme diferencia en relación a lo vivido inmediatamente después de la salida del Comandante Chávez de la prisión y esta chapucería que presenta la burguesía, tanto en la claridad y transparencia del planteamiento, como en el contenido de la misma.

El pueblo, mayoritariamente, no se va a dejar arrebatar estas conquistas históricas, reflejadas en el marco constitucional, del cual se derivan la mayor participación popular vista en la historia venezolana -y una de los mayores del continente-, así como la gigantesca obra social de la nueva concepción filosófica y política que guían al país por diseño y decisión popular.

Develado plan de magnicidio

De nuevo se presentan pruebas contundentes sobre los intentos de magnicidio que planifican las más oscuras fuerzas del continente. El atentado en contra de la vida de Nicolás Maduro, jefe de Estado venezolano, es parte de la estrategia de desestabilizar, crear caos y detener nuestra revolución.

No es la primera vez que se pone en evidencia un intento de esta naturaleza. Ya se identificaron en su momento los planes de magnicidio en contra del Comandante Chávez, en esta oportunidad dichos planes apuntan en contra del Presidente Maduro.

Aquí se encuentran involucradas la CIA, agencia de inteligencia estadounidense, que ha aplicado esta práctica criminal en otras oportunidades en otras naciones de mundo con el fin de truncar la vía revolucionaria que asumen los pueblos. La liquidación de los líderes revolucionarios es un método recurrente del imperialismo y as oligarquías nacionales para poner fin al proceso de liberación nacional y de cambios sociales radicales.

Los magnicidios gravitan en torno a graves crisis o guerras civiles provocadas por los enemigos del pueblo. Se activa una contrarrevolución que conduce a este funesto resultado o el magnicidio es la causa del conflicto, pero siempre está al servicio del imperialismo, en tanto que los pueblos son quienes pagan altísimos costos en vidas, crisis sociales prolongadas, guerras civiles, instauración de dictaduras sangrientas…

Estas aventuras criminales solo podrán ser detenidas con una gran movilización popular capaz de disuadirlas, así como a través de la más eficiente labor de protección del Presidente maduro.

Cumbre del ALBA

Los presidentes de la Alianza Bolivariana para nuestros Pueblos de América (ALBA) se reunieron a finales de julio en Guayaquil para llevar a cabo su XII Cumbre, con la finalidad de relanzar al bloque económico, político y social, después del fallecimiento del Comandante Chávez, a quien se le rindió un sentido homenaje.

La cumbre se desarrolló sobre la base de los principios constitutivos del esquema integracionista bolivariano: integración incluyente y participativa, centrada en el respeto a la dignidad humana y el desarrollo económico, en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y en la defensa de las soberanías.

En el ámbito económico fueron abordados temas referidos al desarrollo de las instituciones del ALBA-TCP, la ampliación del SUCRE como moneda regional, la constitución del Fondo Común de Reservas; en tanto que en lo social destacó el fortalecimiento de los programas y misiones sociales.

Una propuesta central presentada por el Presidente Maduro consiste en convertir al ALBA en bisagra para la unión de bloques económicos como el Mercosur, el Coricom, Petrocaribe y el mismo ALBA. Sería una ampliación geográfica, económica, política y geopolítica del proyecto integracionista de nuestra región, vital para que nuestros pueblos sigan avanzando pro la senda del desarrollo, soberanía y bienestar de los pueblos.

 

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