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Clodovaldo Hernández

El cierre de las fronteras tiene un importante apoyo popular, según las encuestas. Pero, para consolidarse como política pública con un gran respaldo colectivo parece necesario que las autoridades del Estado den dos pasos fundamentales: el primero sería detener, procesar y condenar a los cómplices internos del contrabando; y el segundo paso sería que las acciones se tornen permanentes, que sobrevivan al entusiasmo de los primeros días, a las eventuales reconciliaciones políticas con los viejos mejores amigos, y a las urgencias derivadas de las mediciones electorales en ciernes.

Sobre lo primero valga decir que, desde luego, no basta con echarle el guante a cómplices menores (cabos o sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, oficinistas del Seniat o agentes policiales de bajo rango), sino que es necesario tocar a gente con estrellas o soles en las charreteras; a individuos con mando en las aduanas; a gerentes de distribución de empresas productoras (públicas y privadas); y a jefes policiales con o sin uniforme. Para mantener el tono de lo que se ha hecho hasta ahora, este nuevo avance en la ofensiva tendría que estar dotado de cierta espectacularidad, muy justificada, pues, por ejemplo, sacar esposado de su comando a algún alto oficial corrupto sería un hecho verdaderamente noticioso (por lo nuevo, lo inusual y lo impactante).

“Cuando vea a un general de la Guardia sometido a juicio por enriquecerse con el negocio del contrabando me volveré madurista furibundo”, me juró el Latero Ilustrado, convencido absolutamente de que eso no ocurrirá ni siquiera en un universo paralelo.

Analista amateur y recalcitrantemente contrarrevolucionario, Latero saca un cálculo simple: si Hugo Chávez, que era el líder militar indiscutible, no pudo purgar a la Guardia de sus ancestrales demonios, menos lo puede lograr el civil Maduro. Mi politóloga predilecta, Prodigio Pérez, le hace ver que su afirmación es bastante superficial y se inscribe en el contexto de la subestimación al actual presidente, una de las actitudes más recurrentes (y tontas) de los opositores y hasta de muchos bolivarianos. “También decían que el gobierno de Maduro no iba a meter preso a tipos como Leopoldo y mire usted lo que va pasando”, alega la experta.

Desmantelar el brazo nacional del contrabando le concedería a la idea de la Nueva Frontera una credibilidad y una legitimidad reforzadas. Todo el mundo sabe, tanto en la zona limítrofe como bien lejos de ella, que semejantes volúmenes de comercio ilegal no serían posibles sin la conchabanza de funcionarios civiles y militares venezolanos. Hasta ahora, las operaciones han demostrado que una parte de la población colombiana fronteriza, dirigida por mafias paramilitares o por vulgares contrabandistas, se había habituado a vivir parasitariamente de los productos subsidiados o regulados en Venezuela. Se ha puesto en evidencia que los gobiernos municipales, departamentales y el central de Colombia se han aprovechado de esa situación para drenar parte de su miseria, para “darle” empleo a una porción de su gente más pobre, para olvidarse de ellos, dejándolos que se resuelvan a punta de viveza, a costillas de un vecino medio bobo. Todo eso ha quedado claro (salvo para quienes prefieren creer la versión mediática pro-colombiana, según la cual la de allá es una economía boyante, digna de ser imitada y que por alguna extraña razón, en las fronteras adopta la forma de una sanguijuela), pero hasta ahora -como decía una cuña de Renny Ottolina hace muchos años- solo hemos escuchado la mitad del sonido. Falta por desvelar la otra parte del cuento, la de cómo llegan hasta los puntos fronterizos tan enormes cargamentos de productos de primera necesidad, muchas veces recorriendo previamente la mitad del país; y cómo es que una parte importante del contrabando de gasolina y de todo lo demás, ha salido sin problemas por las puertas oficiales de la República, donde hay tantos funcionarios del Seniat y de la Fuerza Armada, cuya misión es evitarlo.

La sacudida interna debería tocar también a algunos personajes privados, ilustres industriales y comerciantes de productos de consumo masivo que obviamente operan en concierto con los contrabandistas de Colombia y con sus cómplices civiles y militares de este lado. Aquí vale la misma advertencia hecha para sargentos y cabos versus coroneles y generales: la medida solo será efectiva si llega a lo más alto, si el cajero o el despachador de mercancía no terminan pagando los platos rotos.

Finalmente, la credibilidad en la nueva política fronteriza va a depender de que no sea flor de un día, que no vaya a convertirse en una anécdota para reírse un rato (algo así como “¡oiga, pelao, venga y le cuento del día que los venecos se pusieron bravos!”) ni en una noticia de periódico de ayer. “Si esto ocurre, no es que las cosas volverán a ser como antes -profetiza Prodigio Pérez-: serán peor que antes”.

 

 

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