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4.ago.2010 / 10:16 am / Haga un comentario

La complicidad entre el paramilitarismo y decenas de dirigentes políticos no se descubrió por el proceso de Justicia y Paz, pero éste ha aportado decenas de testimonios y evidencias a las investigaciones de jueces y magistrados que están llevando estos procesos de para-política. Verdadabierta.com presenta una síntesis del fenómeno.

Desde el destape del escándalo hace cuatro años, la justicia ha puesto al descubierto la existencia de reuniones, pactos, documentos y videos que ratifican los nexos entre ‘paras’ y políticos regionales y locales.

Gracias, en parte, al proceso de Justicia y Paz, se ha puesto en evidencia hasta dónde llegó el fenómeno de complicidad entre congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, así como miembros de fuerza pública y funcionarios de Fiscalía, y DAS en varias regiones del país, con el terror paramilitar.

Desde mediados de 2006, la justicia se topó con un gran número de pruebas que pusieron al descubierto los nexos entre líderes políticos y funcionarios regionales y nacionales, con grupos paramilitares que operaron en distintas partes de la geografía nacional.

Según el último informe de Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), a julio de 2010, existen procesos por vínculos con el paramilitarismo contra 3 gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos para el periodo 2007- 2011, y contra 16 ex gobernadores, 38 ex alcaldes, 12 ex diputados, y 21 ex concejales elegidos para periodos anteriores. En total son 101 figuras políticas regionales procesadas.

La Corporación además expone una lista de 91 congresistas procesados elegidos para el periodo 2006-2010, y de 24 elegidos para periodos legislativos anteriores. Tan sólo para el último periodo 2006-2010, el 60% de los casos sigue pendiente, entre llamados a juicio, investigación previa e instrucción, mientras que el 79% de todos los casos han hecho referencia a miembros de partidos que pertenecen o pertenecieron a la coalición uribista.

En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia cambió su jurisprudencia y reasumió la competencia para juzgar a los congresistas, quienes habían renunciado a sus curules y sus casos habían pasado a manos de la justicia ordinaria. Con esto, a julio de 2010, la Corte presentó una lista de 109 casos en contra de congresistas y ex congresistas (37 en averiguación) que están siendo procesados actualmente por esa entidad por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La ‘parapolítica’ en el Congreso

En una primera fase, cuando investigaciones académicas y periodísticas destaparon el destape del escándalo, se iniciaron las versiones libres de los desmovilizados ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y se descubrieron pruebas documentales contundentes contra varios congresistas que en la mayoría de casos terminaron aceptando cargos y acogiéndose a sentencia anticipada. En esta fase, la justicia condenó a congresistas como Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, entre otros.

Una segunda fase cubre los procesos que arrancaron entre 2007 y 2008 y sobre los cuales la justicia se pronunció en el último año. En septiembre de 2009, la Corte Suprema decidió retomar en ese momento 30 casos de ex congresistas que habían pasado a la justicia ordinaria puesto que habían renunciado a su curul. Al revisar el caso del ex senador Álvaro Araujo, la Corte decidió “conservar o recuperar”, según el caso, los procesos de congresistas investigados por sus nexos con grupos paramilitares.

Aquí se destacan casos como el de los ex congresistas Álvaro Araújo, Álvaro ‘El gordo’ García, Dixon Tapasco, Vicente Blel y Jorge Castro Pacheco, así como el de los ex gobernadores Hernando Molina Araújo y Salvador Arana.

La última fase, en curso, incluye procesos todavía en etapa de juicio como el de los ex congresistas Miguel Ángel Rangel, Carlos García, Humberto Builes y Juan Carlos Martínez, así como otros de gran magnitud probatoria como el de Jorge Noguera, ex director del DAS, Guillermo Valencia Cossio, ex director regional de Fiscalías de Medellín y Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe.

Para el caso del Legislativo, existe una lista de 91 procesos adelantados contra ex congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 (78%) y otra de 24 procesos contra ex congresistas elegidos para periodos legislativos anteriores.

De los casos del periodo 2006-2010, 8 han sido absueltos, 7 han desembocado en auto inhibitorio, 18 han sido condenados, 15 están en etapa de instrucción, 25 están en investigación previa, 15 están en etapa de juicio, uno fue precluido y dos han sido archivados. Para periodos anteriores, dos casos han sido absueltos, 11 están en etapa de instrucción, 5 han sido condenados, dos en investigación previa, tres procesos han sido archivados y uno más ha sido precluido.

En cuanto la distribución, 60 casos corresponden a representantes a la Cámara y 56 a senadores de la República. A nivel de partidos políticos, la coalición uribista o partidos en alineación con el uribismo han reportado el mayor número de congresistas procesados por sus vínculos con paramilitares, entre ellos, partidos como Convergencia Ciudadana (8%), Colombia Viva (4%), Colombia Democrática (7%), Alas Equipo Colombia (6%), Apertura Liberal (6%), Partido de la U (18%). Si se incluye como parte de esta coalición al Partido Conservador (15%) y a Cambio Radical (7%) (en el primer gobierno de Uribe), sin contar otros partidos minoritarios, casi el 80% de partidos con miembros procesados por ‘parapolítica’, han pertenecido a la coalición uribista.

En el nivel regional, el departamento con más congresistas investigados ha sido Antioquia (9), seguido por Magdalena, Sucre y Tolima (8), Caldas y Córdoba (7), Santander (6), Bolívar y Cesar (5) y Atlántico y Norte de Santander (4).

“Paras” y políticos: una mirada desde los Pactos

Una vía rápida para entender los nexos entre políticos y grupos paramilitares es a través de los acuerdos, pactos y reuniones que celebraron entre 2001 y 2003 en distintos lugares del país. La naturaleza de estos pactos puede ser resumida en tres tendencias evidentes a la luz de los hechos: paramilitares que buscaron a políticos tradicionales de su región para construir un proyecto político conjunto, políticos que buscaron a paramilitares para obtener respaldo en época electoral, y acuerdos en los que los paramilitares garantizaban votos a cambio de porciones del presupuesto municipal y departamental.

Hay políticos locales que participaron de los tres esquemas de acuerdo: firmaron los pactos de colaboración con el proyecto político de los paramilitares; buscaron su apoyo para ganar elecciones y después de elegidos, les entregaron porcentajes del presupuesto a su cargo.

Pacto de Ralito. Probablemente el más mencionado, fue convocado por Salvatore Mancuso en 2001, y terminó en la firma de un acuerdo entre 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena y jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso, ‘Diego Vecino’ y ‘Jorge 40’, que tenía como propósito construir un proyecto político desde el paramilitarismo bajo las premisas de “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia” (Ver: “La historia detrás del pacto de ralito“).

Entre los firmantes estaban Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel), Jesús María López (ex gobernador de Córdoba con proceso pendiente), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), William Montes (ex senador de Bolívar con proceso archivado), Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 74 meses de prisión), Luís Carlos Ordosgoistia (ex representante a la Cámara por Córdoba, absuelto) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 45 meses de prisión), entre otros.

Pacto de Casanare. Con videos y documentos firmados por varios alcaldes de Casanare, la justicia ha intentado confirmar la existencia de este pacto firmado hacia mediados de 2003 con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare y por el cual algunos políticos, convocados previamente uno por uno por los paramilitares, se comprometían a otorgar el 50% del presupuesto municipal y el 10% de los contratos de los municipios a los paramilitares comandados por alias ‘Martín Llanos’. (Ver: “Parapolítica, mentiras y videos en Casanare“).

De acuerdo con una de las fiscales que llevaba el caso de seis alcaldes de Casanare procesados por este acuerdo, este pacto representaba para las ACC el acceso a nuevos recursos como consecuencia de “la pérdida de capacidad política y militar”, mientras que para los entonces candidatos fue la oportunidad para garantizar su elección como alcaldes.

Pacto de Chivolo. Organizado por Jorge 40’, y convocado por Neyla Alfredina Soto, mejor conocida como ‘La sombrerona’, jefe política de las AUC, en el corregimiento La Estrella (cerca a Chivolo), a finales de septiembre de 2000, con el propósito de definir (y recortar) el número de candidaturas que serían apoyadas por los paramilitares para las elecciones de marzo de 2001. Testigos dicen que a la reunión asistieron mil personas y finalmente firmado por 13 candidatos a alcaldías y 395 aspirantes a concejos y asamblea. Por decisión de ‘Jorge 40’ presuntamente se sometió a votación las candidaturas. (Ver: Yo estuve en el pacto de Chivolo“).

Según el documento, redactado ese día y que ha sido pieza fundamental para las investigaciones de la parapolítica que llevan Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, Provincia Unida decidió apoyar para la gobernación del Magdalena al candidato liberal José Domingo Dávila Armenta, quien obtuvo 266 votos contra 138 de ‘El Cura’ Ordóñez.

Pacto de Pivijay. En julio de 2006 la Fiscalía encontró un documento en uno de los predios de ‘Jorge 40 titulado ‘Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, en la elección de Cámara de representantes y Senado de la República’ o ‘Pacto de Pivijay’, firmado entre otros, por José Gamarra Sierra, Dieb Maloof y Jorge Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre de ‘Jorge 40’

(Ver: Condenan al ex senador Castro Pacheco por parapolítica“).

Según la Fiscalía, “en el citado convenio (firmado el 22 de noviembre de 2001), varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados acordaron que los votos que se lograran en dichas elecciones en marzo del año 2002 en los municipios de Pivijay, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo… en donde José Gamarra Sierra contaba con bastante potencial electoral, le serían endosados a Dieb Maloof Cuse quien encabezaría la lista al Senado…De igual forma se anuncia como sería la partición burocrática, la financiación de la campaña y la destinación que tendrían los dineros obtenidos por reposición de votos”.

Pacto de Barranco de Loba. Firmado presuntamente en 2003, fue convocado por Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, ex jefe político del Bloque Central Bolívar, para apoyar presuntamente la candidatura a la gobernación de Bolívar de Alfonso López Cossio a cambio de contratos en caso que fuera elegido. Según testigos, a la reunión asistieron ex alcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldías, ex concejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al espeje y Asocipaz. También se asegura que estuvieron presentes senadores, ex senadores y otros políticos de relevancia en Bolívar (Ver: Alfonso López Cossio y el pacto de barranco de Loba“).

El propósito de dicha reunión era notificar a los asistentes que los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Se acordó que entre los asistentes debían elegir a los candidatos, y los que fueran descalificados debían renunciar a sus aspiraciones. Quien desatendiera esta directriz se exponía a una ‘sanción’.

Pacto de Caldas. A diferencia de algunos departamentos en la Costa Atlántica en los que la toma del poder político por parte de los paramilitares hizo parte de su plan de expansión, en Caldas este hecho solo se dio a partir del año 2003, cuando ‘Ernesto Báez’ con una estrategia similar a la de ‘Jorge 40′ en el Cesar y Magdalena, estableció distritos electorales y repartió los municipios a los candidatos cercanos a las AUC (Ver: “El pacto de Caldas“).

Algunas condenas “ejemplares”

En el último año la justicia, en especial, la Corte Suprema, ha proferido varias sentencias importantes no por las ejemplares condenas sino por la reconstrucción que hacen del fenómeno paramilitar en diversas regiones del país y por la descripción detallada de la forma cómo se tejieron las alianzas entre políticos y paramilitares.

Jorge Castro Pacheco. La Corte condenó al ex senador a 90 meses de prisión y 6.500 salarios mínimos legales mensuales de multa por sus nexos con el grupo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′ y lo encontró responsable del delito de “concierto para promover grupos armados al margen de la ley” (Ver: “Condenan al ex senador Castro Pacheco por parapolítica“).

La sentencia de la Corte confirma que Castro Pacheco “se unió a una causa paramilitar… del saber que estuvo y participó activamente, en por lo penos una de las reuniones convocadas y controladas por “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte de las autodefensas, donde pactó su inclusión en la lista al Senado de la República secundando a Dieb Maloof Cuse, al igual que la alternancia de la curul siguiendo los lineamientos de un proyecto político-paramilitar, que después se materializó”.

Salvador Arana. En diciembre de 2009, la Corte impuso una de las condenas más altas, 40 años de cárcel y más de 2300 millones de pesos de multa, para un político y no sólo por vínculos con grupos paramilitares sino por su participación en el crimen de un adversario político, el ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz (Ver: “Corte Suprema condena a 40 años a Salvador Arana“).

Con base en los testimonios y las pruebas recogidas, la Corte consideró que “la desaparición forzada de Díaz Salgado ocurrió con ocasión de la actividad ilegal desplegada por el grupo armado liderado por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’) a instancias de las directrices de éste e influenciado en su actuar por Salvador Arana Sus”.

Dixon Tapasco. La Sala Penal de la Corte condenó al ex representante a la Cámara del Partido Liberal por el delito de concierto para delinquir con paramilitares. Para la Corte es claro que “el doctor Dixon Ferney Tapasco Triviño se concertó con la finalidad de promover un grupo armado al margen de la ley, pues con su concurso logró que las autodefensas posicionaran su proyecto político al garantizar sus fines electorales en el norte del departamento de Caldas (en 2006)”.

Según el Alto Tribunal, aunque Tapasco no se reunió con grupos paramilitares en Caldas, si incurrió en un delito puesto que “como candidato y como líder de un sector importante del partido liberal” nunca desautorizó los pactos y reuniones que miembros del partido tuvieron con las autodefensas (Ver: “Corte Suprema condena al ex senador Dixon Tapasco por parapolítica“).

Álvaro ‘El Gordo’ García. La Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista a quien consideró como el autor intelectual de la masacre que cometieron los paramilitares el 16 de octubre del 2000, en la que asesinaron a 15 campesinos en Macayepo, Sucre y por el asesinato de una maestra. Según la Corte, Álvaro García Romero participó desde 1997 en la conformación de las autodefensas en Sucre. Según el Alto Tribunal, el entonces senador asistió en ese año a una reunión en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, en la que se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María (Ver: “Condenan a 40 años a Álvaro el gordo García“).

Hernando Molina Araújo. La Corte Suprema de Justicia condenó el ex gobernador de Cesar del Partido Liberal Hernando Molina Araújo a siete años y seis meses de prisión por concierto para delinquir por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (Ver: “Condenan a Hernando Molina por aliarse con Jorge 40″).

En la sentencia, la Corte ratifica que “la candidatura ‘única’ de Molina Araújo y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el Bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge 40’, que se evidencia con el obligado retiro de la aspiración de Cristian Moreno a ese cargo de elección popular y los hechos de Chimichagua.”

Obstáculos a la justicia: la extradición

Al cumplirse dos años de la extradición de los principales jefes de las Auc hacia Estados Unidos en mayo de 2008, el balance sobre sus compromisos con la verdad, la justicia y la reparación ha sido a cuentagotas. Sólo seis de los extraditados han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz, mientras que otros se retiraron de las versiones libres.

Según un informe de Fundación Ideas para la Paz, mientras en Colombia se han realizado más de 7400 versiones libres, en Estados Unidos tan sólo se han hecho 26 audiencias con estos jefes.

En efecto, han sido pocos los ex jefes de las Auc que han continuado colaborando con la justicia colombiana en la Corte Suprema y también han sido contadas sus apariciones en versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Pero estas intervenciones han contribuido a casos por parapolítica y a esclarecer algunos crímenes en el proceso de justicia transicional en la Fiscalía.

El valor de estos testimonios es considerable: como lo demostraron las declaraciones de Salvatore Mancuso durante el juicio contra el ex director del DAS Jorge Noguera, existe mucha información que todavía no ha sido procesada por la justicia y que ante la magnitud de las acusaciones, merece investigación.

Casos como el del ex senador boyacense Ciro Ramírez siguen estancados a la espera de algunos testimonios de estos jefes paramilitares extraditados. Por ahora, la Corte Suprema ha cambiado su concepto respecto a la extradición de ex paramilitares puesto que en los casos de alias ‘El Alemán’, ‘Don Mario’ y ‘Diego Vecino’ ha dado prioridad al proceso de justicia y paz y los derechos de las víctimas sobre el delito de narcotráfico, frenando sus extradiciones.

Así, a partir de testimonios como los de ‘El Alemán’ se han desatado nuevas acusaciones, por ejemplo, para casos como el de los ex senadores Rubén Darío Quintero y Humberto Builes. A instancias de la Corte, ex jefes como ‘Juancho Dique’ han levantado nuevas acusaciones contra el senador Javier Cáceres así como han servido de testigos frente a distintos casos por parapolítica que adelanta el Alto Tribunal. No obstante, finalmente será tarea de la Corte Suprema determinar la validéz de estas declaraciones para adelantar las investigaciones respectivas.

El balance: ayer y hoy

En el caso de congresistas, un 60% de los procesos por parapolítica sigue pendiente, mientras nuevos casos se abren como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de juzgar a los ‘parapolíticos’ por delitos de lesa humanidad. Por ahora, sobre este último punto, ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las AUC.

Como situación especial en esta última fase, la Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.

Así cada uno de los políticos investigados va a ser procesado por la Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinato, desplazamiento, tortura, secuestro y ataques contra la población civil. El Bloque Norte de ‘Jorge 40’ estuvo presente en toda la Costa Caribe y es sindicado de haber cometido más de 300 masacres entre 1997 y 2006, ha desplazado a 700 mil personas y tuvo una estrategia para tomarse el poder político y las contrataciones públicas a través de los pactos de Pivijay, de Chivolo entre otros.

Tanto la Corte como la justicia ordinaria todavía tienen todavía mucho por hacer. Por ahora la ‘parapolítica’ seguirá siendo protagonista en la agenda pública colombiana.