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Venezuela es garante por excelencia de los derechos humanos, expresó este viernes la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, oradora de orden en el acto de apertura del Año Judicial 2016, que se realizó este viernes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas

“Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Venezuela es garante por excelencia, y que de eso no quepa la menor duda, de los derechos humanos”, resaltó, en transmisión de Venezolana de Televisión.

Destacó que para asegurar los derechos de la población venezolana se han constituido instancias como el Parlamento Comunal, contemplado en la Ley Orgánica de las Comunas como espacio para regular la vida social y comunitaria en estricta observancia de normas constitucionales y leyes del poder popular.

“Se traduce en la plena facultad para legislar y debatir a favor de sus territorios, hacer contraloría social, actuar sobre los problemas sociales de su entorno en defensa de los derechos conquistados por los venezolanos y ante amenazas de derogar leyes”, añadió.

En su discurso, la magistrada se refirió asimismo al Decreto de Estado de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo para garantizar la continuidad de los derechos sociales y humanos de toda la población venezolana.

Dicha resolución fue declarada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia y desaprobada por la Asamblea Nacional (AN), constituida por una circunstancial mayoría opositora al Gobierno Nacional.

“En este trascendental momento histórico, político, que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, resulta de vital importancia destacar el papel protagónico del Poder Judicial para garantizar, consolidar y fortalecer este estado democrático, social, de derecho, y de justicia que impera en nuestro país, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999”, agregó Misticchio.

En este sentido, llamó a los magistrados y jueces venezolanos a emitir siempre sentencias con la mayor transparencia, honestidad, imparcialidad e independencia posible para asegurar los derechos de los ciudadanos y mantener la credibilidad.

“De allí, la enorme y delicada responsabilidad que recae sobre nosotros, magistrados, magistradas, jueces y juezas de la República, de sentenciar con la mayor transparencia, honestidad, imparcialidad, independencia, para evitar así que los ciudadanos pierdan la confianza que han depositado en las instituciones democráticas”, apuntó.

AVN

 

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